Es una figura creada por el Estado colombiano en 1957, por el decreto legislativo 118 del 21 de julio, mediante el cual se dispuso que todas las empresas del país, tanto privadas como oficiales, deben aportar una suma equivalente al 4% de la nómina mensual para destinarla a cumplir con los servicios y programas definidos para el Sistema del Subsidio Familiar.

Con el Subsidio Familiar se pretende que en la distribución de los beneficios que genera el capital, los asalariados sean ayudados de manera solidaria y universal, de modo que por quienes devengan un mayor salario los empleadores hagan mayores aportes, para que quienes devengan menos puedan recibir una retribución mayor en dinero, en especie o en servicios, de acuerdo con las personas que tengan a su cargo.

Los aportes que reciben las Cajas de Compensación por parte de los empleadores, representan en la actualidad sólo el 35% de sus ingresos. Además de estos aportes, la financiación de las Cajas de Compensación Familiar proviene de la venta de servicios, de alianzas establecidas con los gobiernos locales y regionales, de la firma de convenios de cooperación nacional e internacional, y de los rendimientos financieros. Su orientación, control y vigilancia la ejerce el Estado, por intermedio de la Superintendencia del Subsidio Familiar.